La Contraloría halló ‘irregularidades y problemas’ en examen realizado a la UNL
La Contraloría General del Estado (CGE), tras un examen realizado a la Universidad Nacional de Loja (UNL), halló lo que considera ‘irregularidades y problemas’ y juntamente con ello emitió las recomendaciones respectivas que permitan dar solución. También predeterminó las sanciones en contra de los funcionarios responsables.
En este contexto, la entidad estatal informa que, con fecha 30 de enero de 2018, se aprobó el informe del ‘Examen especial a los procesos de desvinculación, selección, reclutamiento, nombramientos, contratación, encargos e ingreso de personal y sus remuneraciones, en la Universidad Nacional de Loja y, entidades relacionadas, por el período comprendido entre el 22 de junio de 2015 y el 30 de agosto de 2017’.
En el informe, publicado en la página web institucional, la CGE establece varias observaciones como medidas implementadas por la Comisión Interventora y de Fortalecimiento institucional (CIFI) que fueron desacatadas por autoridades universitarias y denunciadas ante la misma Contraloría.
Esto, agrega el documento, llevó a que la CIFI ejecutara actos administrativos, cesando en funciones a autoridades, docentes y servidores, sin considerar que esa no era su función y sin informar las novedades al Consejo de Educación Superior (CES).
La Contraloría señala que en el proceso de intervención de la UNL no se efectuaron acciones de control relacionadas al proceso de designación y remoción de autoridades académicas y administrativas, docentes y más servidores y tampoco se identificaron los motivos por los que las autoridades de la Alma Máter rechazaron estas medidas. “Lo que llevó al agravamiento de conflictos entre la comunidad universitaria y la Comisión Interventora”.
El informe al examen especial también establece que no se aplicaron acciones de formulación y trámite de aprobación de los planes de Talento Humano en los períodos económicos 2016 y 2017, “lo que ocasionó que no se cuente con un instrumento técnico que justifique la necesidad institucional para designación de autoridades académicas, administrativas, docentes y más servidores y que no haya evidencia sobre si su vinculación cubrió la demanda laboral de la Universidad”.
Sobre el concurso de oposición y méritos, a decir del examen especial, no se sujetó a necesidades institucionales, lo que “afectó principios de transparencia, equidad, inclusión e igualdad para postulantes. Tampoco se prestaron condiciones para evaluar la idoneidad de los participantes al declarar ganadores a personas con un puntaje inferior al mínimo establecido”.
Agrega que al vincular a los ganadores del concurso con acciones de personal que no fueron debidamente legalizadas, se propiciaron conflictos que los obligaron a iniciar acciones de protección para asegurar su integración a la universidad y, en algunos casos, estas acciones fueron rechazadas.
La Contraloría, de igual forma, observa el hecho que la CIFI dispuso la remoción y designación de autoridades, entre decanos, coordinadores y otros servidores, bajo medidas urgentes que no fueron acatadas por el rector (Gustavo Villacís Rivas), lo cual llevó a que la Comisión suscribiera acciones de personal, atribuciones que no estaban previstas en sus competencias.
“No hay evidencia de que las autoridades designadas bajo medidas urgentes por la CIFI, cumplieran con todos los requisitos para su designación. La misma irregularidad se encontró en autoridades académicas nombradas en la universidad”, señala el documento de la Contraloría.
La CGE, asimismo, establece otras observaciones como la de docentes contratados que laboraron sin que hayan recibido remuneración alguna de la UNL; vinculación de personal sin que haya el presupuesto; el incremento del costo por hora de los honorarios de docentes, así como ingresó personal ocasional sin el informe favorable de Talento Humano y sin que la CIFI aprobara.
Ante estos hallazgos, el organismo de control emitió las recomendaciones que “son de carácter obligatorio y aplicadas de manera inmediata, tras haber sido comunicadas”, que permitan dar solución a las “irregularidades y problemas encontrados en el examen”.
Tome nota
El cumplimiento de las recomendaciones, a decir de la CGE, serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por este mismo organismo de control.
Fuente: Diario La Hora
